LA POLÍTICA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX.
Durante el siglo XIX, España vivió una constante disputa entre los absolutistas (partidarios del Antiguo Régimen y la monarquía tradicional) y los liberales (que defendían una monarquía constitucional y reformas políticas). Esta confrontación generó numerosas guerras civiles, pronunciamientos militares y cambios de gobierno.
El siglo comenzó con la Guerra de Independencia (1808-1814) contra la ocupación napoleónica, que derivó en la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812, considerada una de las primeras constituciones liberales de Europa. Sin embargo, con la restauración del rey Fernando VII en 1814, se reinstauró el absolutismo, lo que provocó una serie de conflictos entre absolutistas y liberales.
EL SEXENIO ABSOLUTISTA
El sexenio absolutista (1814-1820) fue un periodo de la historia de España que tuvo lugar tras el regreso de Fernando VII al trono después de la Guerra de Independencia contra los franceses. Se caracteriza por el restablecimiento del absolutismo monárquico tras la derogación de la Constitución de 1812 promulgada por las Cortes de Cádiz.
Tras la derrota de Napoleón, Fernando VII regresó a España en 1814. A su llegada, un grupo de diputados le presentó el Manifiesto de los Persas, un texto que pedía la restauración del absolutismo y rechazaba los ideales liberales. Fernando VII aceptó esta postura y el 4 de mayo de 1814, abolió la Constitución de 1812 y toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz, restableciendo el Antiguo Régimen, cuyas características principales fueron las siguientes:Centralización del poder: Fernando VII gobernó como un monarca absoluto, concentrando todos los poderes en su persona y eliminando cualquier vestigio de soberanía popular.
Represión política: Se persiguió y castigó a los liberales y constitucionalistas, muchos de los cuales fueron encarcelados, ejecutados o enviados al exilio.
Restauración del Antiguo Régimen: Se reinstauraron los privilegios de la nobleza, la Iglesia y la Inquisición.
Crisis económica y social: El país enfrentó una grave crisis económica tras la guerra, con un Estado empobrecido y un malestar social creciente.
Pérdida de territorios en América: Durante este periodo, se intensificaron los movimientos de independencia en las colonias americanas, con la pérdida progresiva de control sobre gran parte del imperio.
El descontento social y político llevó a una serie de conspiraciones liberales, culminando en el pronunciamiento de Riego en 1820, que obligó a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812 y marcó el inicio del Trienio Liberal (1820-1823).
EL TRIENIO LIBERAL.
El Trienio Liberal (1820-1823) fue un período de la historia de España en el que se restauró la Constitución de 1812 y se implantó un gobierno liberal tras el levantamiento del coronel Rafael del Riego. Este período interrumpió el absolutismo de Fernando VII, quien había restaurado el Antiguo Régimen en 1814 con la ayuda de la Santa Alianza.
Un grupo de militares liderados por Rafael del Riego se sublevó en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) exigiendo el retorno de la Constitución de 1812. La revuelta tuvo éxito y Fernando VII se vio obligado a aceptar la Constitución y gobernar con los liberales.
Se intentó modernizar el país con reformas económicas, la reducción del poder de la Iglesia y la nobleza, y la desamortización de bienes eclesiásticos. También se restableció la Milicia Nacional.
Los absolutistas (partidarios del rey) conspiraron contra el gobierno, mientras que los liberales se dividieron entre moderados y exaltados. Además, hubo revueltas y problemas económicos.
La Santa Alianza (alianza de monarquías absolutistas europeas) envió en 1823 a los Cien Mil Hijos de San Luis, un ejército francés que restauró el poder absoluto de Fernando VII. Tras su victoria, el rey persiguió a los liberales y anuló las reformas del Trienio.
LA DÉCADA OMNIOSA.
La Década Ominosa (1823-1833) fue el período final del reinado de Fernando VII en España, caracterizado por una fuerte represión absolutista. Se inició tras la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, un ejército francés enviado por la Santa Alianza para restaurar el absolutismo y acabar con el Trienio Liberal (1820-1823).
Se persiguió y ejecutó a liberales, como Mariana Pineda y Rafael del Riego. Muchos otros fueron encarcelados o exiliados.
España atravesó problemas financieros, aumentaron los impuestos y hubo hambrunas y epidemias.
Hubo varios intentos de golpe de Estado, como la conspiración de Torrijos en 1831, que fracasó y terminó con su fusilamiento.
La falta de un heredero varón llevó a Fernando VII a promulgar la Pragmática Sanción en 1830, permitiendo que su hija, Isabel II, pudiera reinar. Esto provocó el descontento de los partidarios del infante Carlos María Isidro, lo que desembocó en la Primera Guerra Carlista tras la muerte del rey en 1833.
Este periodo marcó el declive del absolutismo y preparó el camino para el liberalismo en España, aunque con conflictos como las Guerras Carlistas.
LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA.
La regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840) estuvo caracterizado por la lucha entre absolutistas y liberales tras la muerte de Fernando VII. Este conflicto dio lugar a la Primera Guerra Carlista (1833-1840) y a una serie de reformas políticas que marcaron el avance del liberalismo en el país.
Cuando Fernando VII murió en 1833, su hija Isabel II, de solo tres años, fue proclamada reina, pero debido a su minoría de edad, su madre, María Cristina, asumió la regencia. Sin embargo, la sucesión fue disputada por Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, quien reclamaba el trono basándose en la Ley Sálica, que excluía a las mujeres de la sucesión. Esto provocó la Primera Guerra Carlista, un conflicto entre los partidarios de Isabel II, que defendían un régimen más liberal, y los carlistas, que apoyaban a Carlos y un modelo absolutista.
María Cristina, consciente de la necesidad de apoyo político para sostener el trono de su hija, buscó alianzas con los liberales, especialmente con los moderados. Para ello, se vio obligada a aceptar reformas que debilitaban el absolutismo heredado de Fernando VII. En este contexto, en 1834 se promulgó el Estatuto Real, una carta otorgada que establecía un sistema político con ciertas libertades, aunque sin llegar a ser una constitución plenamente liberal. A pesar de estos intentos de conciliación, el conflicto entre absolutistas y liberales continuó intensificándose.
En 1835, ante la presión de los sectores progresistas y el agravamiento de la guerra carlista, María Cristina nombró a Juan Álvarez Mendizábal como presidente del gobierno. Mendizábal llevó a cabo una serie de reformas clave, entre las que destacó la desamortización de los bienes eclesiásticos, cuyo objetivo era sanear la economía y debilitar el poder de la Iglesia, aliada tradicional del carlismo. Sin embargo, estas medidas generaron tensiones y, en 1836, tras el pronunciamiento de La Granja, María Cristina se vio obligada a restablecer la Constitución de 1812, lo que significó un giro hacia el progresismo.
El periodo entre 1837 y 1840 estuvo marcado por una mayor estabilidad política dentro del gobierno liberal, aunque la guerra carlista continuó hasta su conclusión con el abrazo de Vergara en 1839, que puso fin al conflicto en gran parte de España. Sin embargo, la situación política seguía siendo inestable, y María Cristina perdió apoyo tanto entre los moderados como entre los progresistas. En 1840, la situación se volvió insostenible debido a las crecientes tensiones con el general Baldomero Espartero, líder del sector progresista y héroe de la Primera Guerra Carlista. Espartero, respaldado por su popularidad en el ejército y entre los liberales, exigió mayores reformas y se opuso a la influencia moderada que aún mantenía María Cristina en el gobierno.
Ante esta presión, María Cristina decidió abdicar de la regencia y marcharse al exilio en Francia, dejando el poder en manos de Espartero, quien asumió la regencia hasta la mayoría de edad de Isabel II en 1843. De este modo, su salida marcó el fin de una etapa de transición política y consolidó el papel del ejército como árbitro de la política española durante gran parte del siglo XIX.
LA REGENCIA DE ESPARTERO.
La Regencia de Espartero (1840-1843). Baldomero Espartero, un general prestigioso que había ganado notoriedad durante la Primera Guerra Carlista, llegó al poder tras el derrocamiento de María Cristina de Borbón, madre de Isabel II, debido a su incapacidad para gestionar las crecientes tensiones entre progresistas y moderados. Su regencia, sin embargo, no estuvo exenta de conflictos y terminó de manera abrupta con su exilio en 1843.
El ascenso de Espartero fue el resultado de una serie de revueltas populares y militares impulsadas por los progresistas, que veían en él un líder capaz de consolidar el poder frente a los moderados. Con María Cristina fuera del panorama político, Espartero asumió la regencia con la promesa de gobernar en favor de las ideas progresistas, pero su estilo de liderazgo pronto generó tensiones dentro de su propio bando. Autoritario y con una concepción personalista del poder, Espartero gobernó más como un militar que como un político, lo que provocó descontento incluso entre sus aliados.
Uno de los puntos más polémicos de su gobierno fue su política económica y comercial, en especial la apertura del mercado textil español a los productos británicos. Esta medida perjudicó gravemente a la industria catalana, lo que desató fuertes protestas en Barcelona. Su respuesta a estas revueltas fue brutal: ordenó el bombardeo de la ciudad en 1842, lo que no hizo más que acrecentar el rechazo hacia su gobierno. La represión militar y su falta de capacidad para gestionar el diálogo con los distintos sectores políticos fueron debilitando su posición.
Mientras tanto, los moderados, encabezados por figuras como Narváez, fueron organizándose para acabar con su regencia. En 1843, una serie de sublevaciones en varias ciudades, con apoyo tanto de moderados como de progresistas desencantados, llevaron al colapso del gobierno esparterista. Incapaz de sostenerse en el poder, Espartero optó por exiliarse en Inglaterra, dejando el camino libre para que los moderados tomaran el control y aceleraran la proclamación anticipada de Isabel II como reina, aunque solo tenía 13 años.
La regencia de Espartero fue un periodo breve, pero crucial para el desarrollo del liberalismo español. Si bien representó el auge del progresismo, también evidenció sus debilidades internas y la dificultad de encontrar un equilibrio entre el poder militar y el gobierno civil. Su caída marcó el inicio de la hegemonía moderada, que se mantendría durante buena parte del reinado de Isabel II.
LA DÉCADA MODERADA.
Entre 1844-1854 se desarrollo la etapa moderada en el país. Tras la caída de la regencia de Espartero, los moderados tomaron el control del gobierno con el general Narváez a la cabeza, estableciendo un régimen centralista, autoritario y basado en el orden y la estabilidad. Durante estos diez años, se sentaron las bases de un Estado más estructurado, con importantes reformas en ámbitos como la administración, la justicia y la educación, aunque a costa de restringir derechos y libertades.
El regreso de los moderados significó una reacción contra el desorden y la inestabilidad que habían caracterizado los años anteriores. Con Isabel II declarada mayor de edad a los 13 años, los moderados pudieron gobernar sin la necesidad de una regencia, convirtiéndola en un símbolo del nuevo orden político. El hombre fuerte de este periodo fue Ramón María Narváez, un militar firme y autoritario que no dudó en utilizar la represión para sofocar cualquier oposición. Su prioridad fue consolidar un Estado fuerte, lo que llevó a la aprobación de la Constitución de 1845, un texto claramente conservador que limitaba el sufragio, reforzaba la autoridad de la Corona y reducía el poder de los ayuntamientos, garantizando así el control del gobierno central.
Uno de los pilares de la Década Moderada fue la creación de una administración pública más eficaz. Se reorganizó la Hacienda, se impulsó un nuevo Código Penal y se fortaleció el sistema judicial. También se estableció la Guardia Civil en 1844, una fuerza policial de ámbito nacional que tenía la misión de garantizar el orden en las zonas rurales y combatir el bandolerismo. Estas medidas ayudaron a dotar al país de una mayor estabilidad, aunque también reforzaron el carácter autoritario del régimen.
En el ámbito eclesiástico, los moderados buscaron recomponer las relaciones con la Iglesia, muy deterioradas durante la etapa progresista. En 1851 se firmó el Concordato con la Santa Sede, un acuerdo que devolvía parte de las propiedades confiscadas durante las desamortizaciones y reconocía el papel central de la religión católica en la educación y la vida pública. Esto aseguró el apoyo del clero al gobierno, aunque a costa de frenar algunas de las reformas más avanzadas del liberalismo.
A pesar de los intentos por consolidar un sistema estable, la Década Moderada no estuvo exenta de conflictos. Los progresistas, excluidos del poder, comenzaron a conspirar contra el gobierno, denunciando su carácter represivo y su falta de apertura política. Además, la corrupción y el inmovilismo del régimen fueron generando descontento, incluso dentro de los propios moderados. En 1854, el malestar estalló en la "Vicalvarada", un pronunciamiento militar liderado por O'Donnell que, con el apoyo de sectores progresistas, logró forzar la caída de los moderados y dar paso al Bienio Progresista.
La Década Moderada fue, en definitiva, un periodo de construcción institucional y de fortalecimiento del Estado, pero también de limitación de libertades y de exclusión política. Aunque logró aportar estabilidad tras años de turbulencias, su falta de apertura y su carácter autoritario terminaron provocando su propio colapso.
EL BIENIO PROGRESISTA.
Este periodo surgió como una reacción contra la política centralizadora y conservadora de los moderados, que habían dominado el poder en los años previos. El detonante de este cambio fue la Revolución de 1854, también conocida como la Vicalvarada, un levantamiento encabezado por el general Leopoldo O’Donnell y apoyado por sectores progresistas, entre ellos el general Espartero. Ante la presión de los sublevados y el creciente malestar popular, la reina Isabel II se vio obligada a nombrar un gobierno progresista.
Durante estos dos años, se intentó llevar a cabo un programa de reformas que pretendía modernizar el país y consolidar un sistema político más abierto. Uno de los proyectos más ambiciosos fue la elaboración de una nueva Constitución en 1856, de inspiración progresista, que defendía principios como la soberanía nacional y un sistema parlamentario más representativo. Sin embargo, esta Constitución nunca llegó a entrar en vigor debido a la inestabilidad política.
Otra de las medidas más relevantes fue la Ley de Desamortización General de 1855, promovida por Pascual Madoz. Esta ley tenía como objetivo expropiar y vender tierras eclesiásticas y municipales para obtener recursos y fomentar el desarrollo económico. Sin embargo, aunque benefició a ciertos sectores de la burguesía, también generó un gran descontento entre los campesinos, que se vieron en muchos casos perjudicados al no poder acceder a la compra de tierras.
El gobierno progresista también impulsó la expansión del ferrocarril y promovió la construcción de infraestructuras, con la intención de modernizar el país y fomentar el desarrollo industrial. Sin embargo, estos avances no evitaron que el periodo estuviera marcado por fuertes conflictos sociales, huelgas y protestas, especialmente entre los trabajadores urbanos y campesinos afectados por la desamortización. Además, la relación con la Iglesia se vio profundamente afectada por las reformas anticlericales, lo que generó una fuerte oposición de los sectores más conservadores.
A pesar de los intentos reformistas, el Bienio Liberal terminó abruptamente en 1856, cuando Isabel II, alarmada por el aumento de la conflictividad social y la inestabilidad política, decidió retirar su apoyo a los progresistas. Fue entonces cuando O’Donnell, que había sido uno de los protagonistas de la revolución de 1854, dio un golpe de Estado y puso fin a este periodo, inaugurando una nueva etapa política bajo la Unión Liberal.
El Bienio representó un esfuerzo por modernizar España y establecer un sistema político más abierto, pero su fracaso reflejó las dificultades del país para consolidar una democracia estable en el convulso siglo XIX.
BIENIO MODERADO Y LA UNIÓN LIBERAL.
Tras el golpe de Estado de O’Donnell en julio de 1856, que puso fin al Bienio Progresista, se instauró un nuevo período de gobierno dominado por los moderados, liderados por Narváez. Durante este tiempo, se reimplantó la Constitución de 1845 con algunas reformas, se restauró la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, y se limitaron las medidas progresistas aprobadas en los años anteriores. Se intensificó la represión contra los opositores políticos, especialmente contra los progresistas, y se reforzó el control del Estado sobre la administración y la educación.
Sin embargo, la inestabilidad política continuó y, en 1858, el general O’Donnell regresó al poder, impulsando un nuevo proyecto político: la Unión Liberal. Esta fue una formación que intentaba conciliar elementos moderados y progresistas para lograr mayor estabilidad. O’Donnell gobernó desde 1858 hasta 1863, en un período conocido como el Gobierno Largo de la Unión Liberal. Su principal objetivo era superar la constante alternancia entre moderados y progresistas mediante un gobierno más centrista y pragmático. Para ello, O’Donnell combinó medidas de orden con ciertas concesiones reformistas para atraer a sectores moderados del progresismo.
En política interior, su gobierno promovió cierta modernización económica, fomentando la expansión del ferrocarril y la inversión en infraestructuras. También impulsó una política de orden público firme para evitar insurrecciones, aunque sin la dureza extrema de los moderados más conservadores.
En el ámbito exterior, la Unión Liberal destacó por su política expansionista y de prestigio internacional. España participó en diversas intervenciones militares, como la expedición a Indochina (junto a Francia), la Guerra de África (1859-1860) contra Marruecos, la expedición a México (1862) y la intervención en Santo Domingo (1861-1865), con la que España intentó recuperar su antigua colonia. Estas acciones reforzaron la imagen de España como potencia, pero también generaron críticas por el coste económico y humano de estas campañas.
A pesar de estos intentos de estabilidad, el gobierno de O’Donnell terminó desgastándose. En 1863, la reina Isabel II, influida por los sectores más conservadores, decidió prescindir de él, lo que marcó el inicio de una nueva etapa de crisis política que desembocaría, años después, en la Revolución de 1868 y el destronamiento de la monarquía isabelina.
LOS ÚLTIMO AÑOS DE ISABEL II Y EL SEXENIO DEMOCRÁTICO.
En los últimos años del reinado de Isabel II (1863-1868), la situación política en España se volvió cada vez más inestable. La monarquía isabelina se encontraba desprestigiada debido a la corrupción, el favoritismo y la injerencia de la reina en la política. Además, la crisis económica y el descontento social contribuyeron al deterioro de su imagen.
Desde 1863, los gobiernos moderados dirigidos por Narváez y González Bravo intentaron contener la oposición con medidas represivas, pero no lograron frenar la creciente agitación política. Los progresistas, demócratas y unionistas, descontentos con el régimen, comenzaron a conspirar para derrocar a la reina. En 1866, la sublevación del cuartel de San Gil en Madrid, protagonizada por sargentos y soldados, fue duramente reprimida, pero evidenció el descontento dentro del Ejército. Ese mismo año, el Pacto de Ostende, firmado entre progresistas y demócratas y al que posteriormente se unió la Unión Liberal, estableció la necesidad de destronar a Isabel II y convocar Cortes Constituyentes.
Finalmente, en septiembre de 1868, la Revolución Gloriosa, iniciada en Cádiz por los generales Serrano y Prim, llevó al exilio a Isabel II, poniendo fin a su reinado. Tras su caída, comenzó el Sexenio Democrático (1868-1874), un período caracterizado por intentos de democratización y cambios políticos profundos.
El primer paso fue la formación de un gobierno provisional presidido por el general Serrano, que convocó elecciones a Cortes Constituyentes. En 1869 se aprobó una nueva Constitución, de carácter democrático y monárquico, estableciendo la soberanía nacional, el sufragio universal masculino y amplias libertades.
Tras un periodo de regencia de Serrano (1869-1871), en 1870 las Cortes eligieron a Amadeo de Saboya como rey de España, con el respaldo de Prim. Sin embargo, el asesinato de Prim poco antes de su llegada debilitó su posición. Amadeo I (1871-1873) se encontró con la hostilidad de los monárquicos alfonsinos, republicanos y carlistas, además de enfrentarse a la guerra de Cuba y la insurrección cantonalista. Incapaz de gobernar, abdicó en 1873.
La abdicación de Amadeo I llevó a la proclamación de la Primera República (1873-1874), que sufrió inestabilidad constante. Con cuatro presidentes en un año (Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar), la República enfrentó la Guerra Carlista, la insurrección cantonalista y la oposición de sectores conservadores y militares. En enero de 1874, el golpe de Estado del general Pavía disolvió las Cortes republicanas, dando paso a la dictadura de Serrano. Sin embargo, en diciembre de ese año, el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto restauró la monarquía en la persona de Alfonso XII, poniendo fin al Sexenio Democrático y dando inicio a la Restauración Borbónica.
LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA.
Restauración Borbónica en España comenzó en 1874 con el golpe de Estado del general Martínez Campos, que restauró en el trono a Alfonso XII, hijo de Isabel II, tras el fracaso de la Primera República. Este período se caracterizó por la estabilidad institucional basada en la Constitución de 1876 y el sistema político del turno pacífico, ideado por Antonio Cánovas del Castillo.
La Constitución de 1876 establecía una monarquía constitucional con soberanía compartida entre el rey y las Cortes, un sufragio inicialmente censitario (aunque se amplió con el tiempo) y un fuerte control del poder por parte de la oligarquía. El sistema del turnismo garantizaba la alternancia en el gobierno entre los dos grandes partidos dinásticos: el Partido Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta. Esta alternancia se lograba mediante un proceso manipulado de elecciones, sustentado en el caciquismo y el encasillado, donde el resultado electoral estaba predeterminado por los acuerdos entre las élites.
A lo largo del período, el turnismo permitió una relativa estabilidad política, aunque no estuvo exento de crisis. Durante el reinado de Alfonso XII, se consolidó el sistema con una política de conciliación tras el fin de la Tercera Guerra Carlista y la pacificación de Cuba con la Paz de Zanjón (1878). La prematura muerte del rey en 1885 llevó a la Regencia de María Cristina de Habsburgo, durante la minoría de edad de Alfonso XIII. En este contexto, Sagasta promovió el llamado "Pacto del Pardo" para mantener la estabilidad del régimen.
Uno de los hitos más relevantes del periodo fue la extensión del sufragio universal masculino en 1890 bajo el gobierno liberal de Sagasta. Sin embargo, la Restauración enfrentó problemas graves, como el movimiento obrero, los nacionalismos periféricos y la corrupción política. La gran crisis del sistema llegó con el "Desastre del 98", cuando España perdió sus últimas colonias de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) tras la guerra con Estados Unidos. Este hecho provocó un fuerte impacto en la sociedad y debilitó la credibilidad del régimen.
En las primeras décadas del siglo XX, el turnismo empezó a desmoronarse. La inestabilidad política, el auge del movimiento obrero, el crecimiento de los nacionalismos en Cataluña y el País Vasco, y la conflictividad social hicieron cada vez más difícil el mantenimiento del sistema. La crisis se agravó con la Semana Trágica de Barcelona en 1909 y la Guerra de Marruecos. Finalmente, en 1917, la crisis del sistema se hizo evidente con la huelga general y la Asamblea de Parlamentarios, que reflejaron el descontento generalizado. Aunque el régimen intentó sobrevivir, el turnismo dejó de funcionar eficazmente y dio paso a un período de gobiernos inestables que culminó con la dictadura de Primo de Rivera en 1923.
JOSÉ ANTONIO OLMOS GRACIA.
Policía local de profesión, desarrolla su cometido en la categoría de oficial en el municipio de Huesca, contando con 16 de servicio y varias distinciones. A pesar de que su afán por la historia le viene desde pequeño, no fue hace mucho cuando se decidió a cursar estudios universitarios de Geografía e Historia en UNED y comenzar en el mundo de la divulgación a través de las redes sociales. Actualmente administra el blog elultimoromano.com así como páginas en Instagram y Facebook con el mismo nombre. Además, colabora con revistas, páginas, asociaciones, blogs, podcast y es miembro de Divulgadores de la Historia.
Si te ha gustado, puedes seguirme en mis redes sociales:
Si quieres ser mi mecenas, puedes hacerlo aquí:
https://www.facebook.com/becomesupporter/elultimoromano1/
Bibliografía:
ISBN(13): 9788420669229
Título: HISTORIA CONTEMPORÁNEA UNIVERSAL.
Autor/es: Lario González, Angeles;
Editorial: : ALIANZA EDITORIAL
Comentarios
Publicar un comentario